La protección constitucional del medio ambiente se refiere a la inclusión de principios, derechos y deberes relacionados con la preservación, conservación y mejoramiento del entorno natural dentro de una Constitución. Esta protección tiene como objetivo garantizar un entorno saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras, reconociendo al medio ambiente como un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado y la sociedad.

1. Derecho a un Medio Ambiente Sano: Se reconoce como un derecho fundamental de todas las personas vivir en un entorno libre de contaminación, lo que implica que el Estado debe tomar medidas activas para prevenir y sancionar conductas que lo deterioren.

2. Deber del Estado y de los Ciudadanos: La Constitución generalmente impone un deber tanto al Estado como a los ciudadanos de proteger y conservar el medio ambiente. Esto incluye la obligación del Estado de promulgar leyes y políticas que regulen la explotación de los recursos naturales y prevengan la degradación ambiental.

3. Principio de Desarrollo Sostenible: Se busca equilibrar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente, garantizando que las actividades productivas no comprometan los recursos naturales ni la salud de los ecosistemas.

4. Acción de Amparo y Otros Recursos Judiciales: Las constituciones a menudo permiten la interposición de recursos judiciales, como el amparo, para proteger el derecho a un medio ambiente sano, permitiendo que cualquier ciudadano pueda reclamar ante la justicia en caso de daño ambiental.

5. Participación Ciudadana: Se promueve la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, incluyendo la consulta pública en proyectos que puedan tener impacto sobre el medio ambiente.

6. Responsabilidad y Sanción: Se establece la responsabilidad por daños ambientales, imponiendo sanciones a individuos y entidades que incumplan las normativas ambientales.