Procedimientos sancionatorios.
    

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

 Art. 88.- Las sanciones por las infracciones establecidas en esta Ley, serán aplicadas por el Ministerio, previo el cumplimiento del debido proceso legal.  El Ministro podrá delegar la instrucción del procedimiento en funcionarios de su dependencia.  

FIJACIÓN DE LAS MULTAS  Art. 89.- Las multas se establecerán en salarios mínimos mensuales, equivaliendo cada salario mínimo mensual a treinta salarios mínimos diarios urbanos vigentes para la ciudad de San Salvador.  Las infracciones menos graves se sancionarán de dos a cien salarios mínimos mensuales; y las graves, de ciento uno a cinco mil salarios mínimos mensuales.   Corresponderá a la autoridad sancionadora calificar la infracción.  Las sanciones administrativas no exoneran al sancionado de la responsabilidad penal en que incurra.  

Las sanciones por infracciones ambientales en El Salvador son aplicadas por el Ministerio de Medio Ambiente, siguiendo el debido proceso legal. El Ministro puede delegar la instrucción del procedimiento a funcionarios de su dependencia. Las multas se fijan en base a salarios mínimos mensuales, con sanciones que van de dos a cien salarios para infracciones menos graves, y de ciento uno a cinco mil salarios para las más graves. La calificación de la infracción y la imposición de las multas quedan a cargo de la autoridad sancionadora.

La imposición de sanciones se basa en el principio de proporcionalidad, considerando factores como la gravedad del daño, las acciones de reparación del infractor, el beneficio obtenido, su capacidad económica y la reiteración de las violaciones. Las sanciones administrativas no excluyen la responsabilidad penal que el infractor pueda tener.

PROPORCIONALIDAD Y BASE DE LAS SANCIONES

Art. 90.- En la imposición de las sanciones administrativas reguladas y establecidas en la presente ley, se aplicará el principio de proporcionalidad en la infracción y la sanción, tomando en cuenta las circunstancias siguientes:  

a) La gravedad del daño causado al medio ambiente, a la salud o calidad de vida de las personas;

b) Las acciones que el infractor tomó para reparar el daño causado;  

c) El beneficio obtenido por el infractor;  

d) La capacidad económica del infractor; y  

e) La reiteración en la violación de la presente ley y su reglamento. 
     

Ámbito de Aplicación

Art. 2.- Esta ley se aplicará a las personas naturales y jurídicas, públicas, privadas, de economía mixta y las instituciones de gobierno, generadoras de toda clase de residuos en el territorio nacional, incluyendo a los consumidores.

Se exceptúan de la aplicación de la presente ley las aguas residuales de tipo ordinaria y especial, y otros efluentes que se viertan sobre sistemas de alcantarillado, drenaje o cuerpos receptores de agua y emisiones a la atmósfera; los cuales serán gestionados de conformidad a sus respectivos marcos jurídicos. Los residuos peligrosos se sujetarán a la gestión integral de residuos establecidos en esta ley; sin embargo, por sus características especiales, serán objeto de la regulación especial que desarrolla las medidas particulares complementarias para su manejo en lo que corresponde a su naturaleza. Cuando en cualquier ley sean utilizados los términos de desechos, desperdicios o basura, deberá analizarse si estos son residuos aprovechables o no aprovechables de acuerdo a las definiciones establecidas en esta ley.

     

 

Naturaleza de la ley Art. 3.-

Las disposiciones de la presente ley son de interés social.

Competencias y atribuciones en la gestión de residuos y reciclaje, Art. 6.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la autoridad principal en esta materia. Sus funciones incluyen regular, dirigir, emitir autorizaciones, monitorear, evaluar, y controlar todo lo relacionado con la gestión de residuos. También puede sancionar y tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos, y la normativa técnica.

Las municipalidades son responsables de la gestión de los residuos dentro de su territorio. Esto implica garantizar y promover los servicios de gestión de residuos, ya sea directamente o mediante terceros. Además, deben emitir normativas locales y establecer sanciones por incumplimientos conforme a lo estipulado en la ley.

El artículo 7 establece las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en relación a la gestión integral de residuos y el reciclaje. Este Ministerio es responsable de formular políticas, desarrollar un Plan Nacional basado en un diagnóstico del país, y crear normativa técnica para regular los residuos. Además, administra el Sistema de Gestión Integral de Residuos, evaluando y aprobando permisos y manuales de gestión de residuos de los actores involucrados.

Entre sus funciones clave, se incluyen la coordinación interinstitucional entre el gobierno central y los locales, y la promoción de la participación del sector privado y sociedad civil para la creación de infraestructura adecuada. También incentiva mecanismos económicos y promueve la investigación y desarrollo de tecnologías que prevengan o minimicen la contaminación.

Sistema de información nacional sobre gestión de residuos, que facilite el acceso a datos importantes sobre los efectos ambientales y de salud. El Ministerio fomenta la educación ambiental a nivel formal e informal para concienciar a la población sobre la reducción y reciclaje de residuos. Por último, cumplir con los convenios internacionales relacionados con la gestión de residuos y vigilar la aplicación de la normativa vigente.


G. 01   S.M.